Por Andrés Lavaselli
Con su llamado a la rebelión fiscal, el presidente Javier Milei -impulsado por su nuevo hombre de confianza en Diputados, José Luis Espert- intenta abrir una brecha política en la relación de Axel Kicillof con el agronegocio, un frente de conflicto potencial que el gobernador había logrado mantener en calma durante cuatro años, pese a las diferencias ideológicas que mantiene con sus representantes más concentrados del sector. El gobernador responderá con una búsqueda de reforzar la sintonía con los productores pequeños y medianos, para evitar que se forme un frente similar al de 2008.
Kicillof cuestionó la legalidad del llamamiento que hicieron Espert y Milei en una conferencia de prensa en la que afirmó como dato central que Buenos Aires –junto con Córdoba- es la provincia que menos empleados públicos cada 1000 habitantes tiene, pese a que aporta el 40% de los recursos totales de Nación y recibe a cambio el 7,5%. Es parte de una batalla retórica sobre el gasto y para qué sirven los impuestos y sobre la imposibilidad de ajustar más las cuentas bonaerenses, que también incluye el señalamiento de que Nación aumentó el Impuesto País y buscó hacer lo mismo con las retenciones –y ahora con Ganancias- sin recibir cuestionamientos.
Espert apuntó a un dato cierto: una parte de los contribuyentes del campo pagaron un aumento superior a la inflación. Algo así como un “impuestazo”. Pero son una minoría: se consignó acá, menos de 2 mil sobre más de 300 mil ¿Cuánto pagan? Un productor en un campo de soja de 9 de julio –zona núcleo- tiene una factura mensual de IIRR de $1.4 millones que se suma al resto de los impuestos. Pero para un campo que vale en el mercado unos 9 millones de dólares, al cambio “blue” de hoy: $9.000.0000.000. Para unas 220.000 partidas restantes, el valor del impuesto es de $50 mil al mes, apuntan en el gobierno. “Uno o dos tanques de nafta”, resumen.
Esa diferenciación de escala económica es la que buscará trabajar el Gobernador con los productores para transformarla en una división de intereses político. El mensaje será claro: los pequeños y medianos no se deben dejar arrastrar a una pelea que es de los grandes y que está atizada por sectores que ven en Buenos Aires un foco de resistencia opositora a desgastar de cara al 2025.
El discurso viral de Alberto Del Solar Dorrego, un ingeniero y productor de Rojas que convocó a avanzar con la rebelión porque “no es un tema de plata, sino una filosofía política que nos quiere destruir”, es puesto como prueba por el Gobierno de los motivos ideológicos que animan a esos sectores. Del Solar Dorrego, que suele ser presentado en los medios solo como miembro de un bloque de nueve rurales del norte de la provincia, tiene conocidos antecedentes políticos: fue funcionario de Aloé, intendente peronista de Rojas y de Petrecca, alcalde PRO de Junín. También, candidato a intendente por La Libertad Avanza. La senadora Florencia Arietto –ex PRO, ex 6,7, 8 en LLA desde hace una semana- articula su estrategia judicial.
Carbap, la organización ruralista de mayor peso en la Provincia es un actor clave en la disputa. El director de Arba, Cristian Girard y el ministro de Agrarios, Javier Rodríguez, tienen contacto con su presidente, Horacio Salaverry, muy activo después de un fallido intento de saltar al escenario nacional. También con Nicolás Pino, de SRA. Carbap le puso plazo a Kicillof y a los legisladores que votaron a favor de la suba de impuestos –entre ellos los radicales- para revertirlo. Lo hizo la misma semana en que presentó una denuncia ante defensa de la competencia, contra las grandes cerealeras, a las que acusa de cartelizarse para retraer los precios que le pagan a los productore, sobre todo los más chicoss. En este caso no fue perentoria.
Un punto de fricción que no parece tener vuelta atrás es la eliminación de un beneficio del 20% por pago al contado. Los productores lo ponen en la cuenta y el gobierno admite que su eliminación eleva por encima del 200% lo que pagan muchos productores. Pero argumenta que nunca fue parte del tributo, sino un beneficio que puede darse o no.
El otro frente de conflicto que enfrenta Kicillof es partidario: quedó como referencia de un grupo de peronistas que se negó a que el dedo de Cristina Kirchner digite al sucesor de Alberto Fernández en el PJ. Fernando Gray no apoya al gobernador pero resiste al kichnerismo; Jorge Ferraresi, que volvió a Avellanedea cuando advirtió que La Cámpora iba por él después de rodearlo con Quilmes, Lanús y Lomas, sí lo hace. Kicillof, que dejó hacer a Ferraresi, veÍa con buenos ojos que asumiera al frente del partido su vice primera, Cristina Álvarez Rodríguez, entronizada en su momento por CFK pero ahora su leal jefa de asesores.
Si los peronistas rebeldes lograron que la catamarqueña Lucía Corpacci desistiera del impulso que le dio Wado de Pedro al transmitir en el congreso de Ferro el deseo de “la jefa” de que asuma, el kirchnerismo impuso por su parte el criterio de la conducción colegiada y abierta. Ganó tiempo para reimpulsar a propios y dejó al partido a nivel nacional en estado de desorden. Ahora puede –malician en La Plata- mostrar al provincia, que preside Máximo, como una contracara. Claro que los que resistieron “arriba” también lo harán en territorio bonaerense: en el horizonte asoma una guerra de posicionamientos por el premio mayor, la candidatura en 2027 para suceder a un gobernador que no tiene reelección. (DIB) AL