Polémica por las obras publicas en los municipios: ¿tendrán que devolver dinero?

El gobierno nacional publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que prevé que provincias y municipios devuelvan dinero girado para realizar obras públicas que aún no se finalizaron, aunque el mecanismo por el cual se realizaron esos trabajos impide retrasos y los contratos firmados desentenderse del financiamiento.

La medida del gobierno de Javier Milei se tomó a través del Boletín Oficial, donde se dio de baja el programa Argentina Hace, que había sido implementado en la órbita del Ministerio de Obras Públicas en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, para realizar obras “de infraestructura” en 2.300 municipios de la Provincia.

El gobierno indicó en los fundamentos de la medida que Argentina Hace “no responde a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, en un marco de freno a las obras que, además, ahora están bajo la órbita del ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo.

De acuerdo al diseño original del programa, el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y de todo el trabajo que los proyectos demandasen en territorio. En ese marco, según el Gobierno, al asumir había 951 obras pendientes de terminación con este programa con municipios ascendían a $598.522.

Para esos casos, desde Economía también explicaron que las comunas tienen solo tres opciones frente a esa situación: terminar las obrasen un plazo de 120 días, negociar la devolución del dinero o aceptar su traspaso, aunque sin el financiamiento ya que la medida publicada hoy prevé el fin de la “asistencia nacional”.

Sin embargo, fuentes de la administración anterior explicaron a DIB que el gobierno no puede desconocer “los documentos y contratos” firmados para financiar los trabajos, en virtud de la “continuidad jurídica del Estado”.

Pero además existe controversia respecto del sistema de financiamiento y la eventual recepción de fondos sin contraprestación. El mecanismo preveía un adelanto del 30% para comenzar los trabajos y, después, la liberación del resto de los fondos contra presentación de la certificación de avance de obras.

En lo tocante al adelanto, las comunas que recibieron el dinero y no probaron su utilización para avanzar con trabajos concretos fueron intimados mediante cartas documentos.

En ese marco, dijeron que la medida tiene que ver con la intención del gobierno de desprenderse de todas obras para garantizar la consecución del superávit fiscal. “Obras sin ejecutar por un total equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en 2’023, cercano al billón de pesos”, agregaron esas fuentes. (DIB) AL